SANTO DOMINGO. Serán investigados por presunto enriquecimiento ilícito aquellos funcionarios públicos que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes, en franca violación a la Ley 311-14, advirtió este lunes el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
El funcionario anunció que serán despojados de sus bienes todo aquel funcionario que no pueda justificarlos, o que se demuestre no los adquirió de forma lícita.
Explicó que igual se decomisarán los bienes a los familiares de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionado.
“Serán citados para iniciar la investigación en torno a ellos (los funcionarios omisos)”, dijo tajante el jefe del Ministerio Público cuando recibió el listado de los servidores públicos que no realizaron sus respectivas declaraciones juradas, cuyo plazo venció el pasado 8 de julio, a las 4 de la tarde.
En particular, dijo Procurador, serían citados para investigación aquellos funcionarios que fueron removidos del cargo hacia otra posición, o que en su defecto hayan quedado sin funciones.
Domínguez Brito afirmó que el proceso investigativo se llevará a cabo en cumplimiento de lo que dispone el artículo 19 de dicha ley, la 311-14, del 8 de agosto del 2014.
Asimismo, el funcionario también informó que serán investigadas las declaraciones de bienes realizadas, para determinar la veracidad de las mismas.
Dijo que se trabajará para determinar posible falsedad en escritura o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio.
Advierte que si se detecta falsedad en los datos suministrados, las sanciones establecidas son de uno a dos años de prisión, así como una multa correspondiente a entre 20 y 40 salarios mínimos.
Si en cambio se determina enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, los responsables pudieran enfrentar condenas de cuatro a diez años de prisión, así como una multa equivalente al duplo del incremento y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.
Según la Ley, los funcionarios que estén obligados a presentar su declaración y no la hayan obtemperado, u omitieran algún bien, incurrirán en faltas graves o de tercer grado.
La ley, en su artículo 14, también faculta solicitar la destitución del funcionario que no haya realizado la declaración jurada sin justificación.
Entre del listado
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, entregó a Domínguez Brito, del listado de los funcionarios que no realizaron sus respectivas declaraciones juradas.
Marte de Barrios informó que las declaraciones juradas de patrimonio público de los funcionarios serán publicadas en la página web de la institución: www.camaradecuentas.gob.do, tras aclarar que las mismas no son de carácter confidencial.
Sin embargo, precisó que las publicaciones cuidarán presentar datos que pudieran atentar contra la seguridad de los menores de edad, así como las informaciones relativos al secreto bancario, que sí entran dentro de la calificación de confidencialidad, para preservar los derechos constitucionales al honor y la intimidad.
Unos mil 300 funcionarios se encuentran omisos en el cumplimiento de su obligación, destacando que apenas 333 servidores públicos hicieron su declaración dentro del plazo otorgado. 143 declararon luego del vencimiento del mismo.
Trascendió que la Procuraduría General de la República publicará en su página web el listado de los mil 300 funcionarios que no hicieron su declaración jurada de bienes.
Por Lilliam Mateo y Gilberto Hernández
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