en solidaridad con sus compañeros de causa política, los empleados de Aduanas enviados anoche a prisión preventiva por un año para esperar ser enjuiciados y determinar si son todos responsables por el presunto robo de US$ 136, 557.00 en la dependencia del Aeropuerto Internacional del Cibao.Y no sólo se trata de los US$ 136, 557.00. Ahora se habla de otra suma, aún indeterminada, que también habría sido sustraída por empleados de Aduanas. En ambos casos se trata de dinero que se debió confiscar para fines de investigación, debido a que fue traído sin declarar desde los Estados Unidos por una pasajera identificada como Osairy Mercedes Quezada.
Como en 2010 ya hubo un caso de corrupción y robo en Aduanas de Santiago, por un monto de más de 100 millones de pesos, cometido por hijos de prominentes funcionarios y dirigentes del PLD, y el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas se pusieron de acuerdo para que los jóvenes privilegiados disfrutaran de total impunidad, el pueblo mira con desconfianza este nuevo caso, ya bautizado por muchos como el Aduanazo de Santiago II o el Aduanazo 2015.
“Así si es bueno, a los privilegiados los dejan libres, y a estos infelices los quieren hundir dizque para dar un ejemplo”, comentó entre los dientes una señora, que rápidamente se movió de lugar, como para pasar desapercibida para la prensa.En general, la gente no confía en que en esta ocasión habrá consecuencias. También se pregunta mucha gente si es justo que se condene a los actuales acusados, gente de menor influencia política y social que los anteriores, mientras los primeros andan por ahí “muertos de risa”.
Otro, menos discreto, comentó: “Yo no puedo creer que a estos compañeros les puedan hacer esto en medio de una campaña electoral. Esas son las cosas que hacen daño al partido y al gobierno”.
Mientras la gente común comentaba sobre culpas, privilegios e impunidades, este jueves a las 6:40 minutos de la tarde, muchos de los rostros de quienes pululaban por los pasillos y las escaleras del Palacio de Justicia de Santiago, se apagaron al conocer el fallo del tribunal sobre las medidas de coerción. Se vieron afectados sobre todo los familiares más cercanos de los imputados.El juez del Departamento de Atención Permanente, Luis Nobel, falló una enviando a los imputados, 5 hombres y 4 mujeres, a prisión preventiva por un año. Todos están acusados de participar en el robo de divisas en la dependencia de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao, el 29 de junio recién pasado.
Los procesados del Aduanazo 2015, son Domingo Antonio Pilarte Jiménez, capitán del Ejercito de la República Dominicana; Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera Paulino, Nery del Carmen Correa Correa, Benito Henríquez Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y Ramón Hipólito Henríquez Tejada.
La espera por la decisión del proceso, que comenzó a las 11: 26 de la mañana del día anterior (miércoles 16), se hizo larga para los parientes de los imputados, sobre todo, porque el fallo derrumbó sus esperanzas de al menos obtener la libertad condicional.Algunos arengaban a sus parientes, con palabras alentadoras, ratificándoles que creían en su inocencia. Otros vociferaban que todo el proceso había sido un atropello, una violación de derechos, y que “no están todos los que son ni son todos los que están”.
Más de uno lloró tras conocerse el fallo del juez Nobel. Algunos aprovecharon la presencia de los periodistas para quejarse y argumentar que las autoridades han querido montar un espectáculo con el caso, montar toda una farsa teatral para llamar la atención de la opinión pública mientras se ocultan otras cosas.
La indignación llevó a militantes del PLD a expresar que con casos como este el presidente Danilo Medina le generaba problemas al partido.
Ramón Hipólito Henríquez Tejada, el imputado que -previo al fallo- denunció maltratos y que temía por su vida, se apoyaba en un bastón para caminar cuando fue sacado de la celda de detenidos para llevarlo a escuchar el dictamen del juez. Tras la sentencia el imputado no dijo una palabra, a pesar de la insistencia de algunos reporteros por obtener su reacción. Hay versiones que señalan que este joven sufrió una lesión en su pierna izquierda, producto de los maltratos de las autoridades policiales. Este afirmación ni las denuncias del propio imputado no fueron confirmadas por las autoridades.
El Ministerio Público
La fiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo Sánchez, describió esta parte del proceso judicial, como la primera herramienta para garantizar la presencia de los imputados, mientras avanza la investigación.La funcionaria del Ministerio Público dijo que los demandados por Aduanas están vinculados al tráfico ilegal de divisas y al robo de los más de 136 mil dólares.
Explicó que si hay otras personas envueltas en el delito, se determinará mediante la investigación que sigue en curso.
Se quejan los abogados
Los abogados de la defensa han insistido en que a sus clientes se les han violentado derechos fundamentales.
Santos Willie Liriano Mercado, defensor de Henríquez Tejada, insistió en que su cliente corre peligro y reitera que se le han violado asuntos de procedimiento que se deben garantizar en un caso de justicia.
Otros abogados se quejaron de que el Ministerio Público, que se había propuesto pedir una prisión preventiva de tres meses, cambiara su posición a última hora para pedir 16 meses de prisión y la declaratoria de la complejidad del caso.
El juez Nobel solo impuso un año de prisión preventiva, y rechazó la tipificación del caso como complejo.
Los detenidos serán llevados a la cárcel de Rafey.
Aduanazo I Santiago 2010
En julio 2010, los jóvenes, Miguel Ángel Lazala Cabrera, hijo de Petra Cabrera, quien fuera en ese momento subdirectora de PROINDUSTRIA; Adalberto Rosa Rosario, hijo del diputado Adalberto Rosa, y Herald Estévez Peña, fueron a prisión por una presunta estafa de más de 100 millones de pesos, en varios almacenes de Aduanas en Santiago, además de imputárseles vínculo con el tráfico de armas.
Un tribunal dictó una medida de prisión preventiva de ochos meses, contra los imputados, luego fueron dejados libres de manera condicional. Posteriormente, tanto la Dirección General de Aduanas como el Ministerio Público, retiraron todo interés en el caso, dejando que cesara la acción pública contra los acusados, quedando así el delito totalmente impune.
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