apegada estrictamente a la Constitución y al respeto de los derechos humanos, al tiempo que pidió a las autoridades de Haití que asuman con responsabilidad la demanda de sus ciudadanos haitianos, y cesen la promoción de la campaña negativa contra la República Dominicana.
El funcionario hizo el planteamiento al reunirse
con los embajadores permanentes ante el Grupo Latinoamericano
y Caribeño (GRULAC) en la sede de las Naciones Unidas
(ONU), acompañado de una delegación dominicana que defiende la nueva
política migratoria que incluye el Plan Nacional de Regularización,
iniciativa que ha permitido a más de 288 mil extranjeros registrarse
para adquirir un estatus migratorio regular.
"Llamamos al gobierno de Haití que descontinúe
esa campaña de descrédito en contra de una nación como la República
Dominicana, que ha demostrado con creces y en diferentes coyunturas, su
solidaridad con la población del vecino país, además de que se trata de
una gran mentira la acusación que se nos hace en el sentido de que en
el proceso de regularización se violan los derechos humanos sin
presentar ni una sola prueba de esa situación", refirió Navarro.
El funcionario declaró que el Plan de
Regularización de Extranjeros que ejecuta el gobierno dominicano está
revestido de una profunda voluntad política, transparencia, sentido
democrático y defensa de los derechos humanos, además de que ha
significado un gran sacrificio económico por las facilidades concedidas a
los que se acogieron al plan.
"Como todos conocerán, nuestro país es víctima de
una intensa y desconsiderada campaña internacional de descrédito que
busca dañar nuestra imagen sobre la base de juicios de valor
negativos en contra de la política migratoria en el territorio
nacional".
Precisó que si el gobierno haitiano quiere el
bienestar de sus ciudadanos, lo primero que debe hacer es discontinuar
esos desconsiderados ataques en contra de la República Dominicana, "pues
es la autoridad del vecino país quien no asumió su responsabilidad de
facilitarles la debida documentación a los haitianos que residen en
nuestro país en condición irregular".
Recordó que en momento en que el gobierno
dominicano se gastaba cerca de dos mil millones de pesos para darle
participación a la mayor cantidad posible de extranjeros que quisieron
acogerse al Plan de Regularización, "el gobierno de Haití se comprometió
a instalar cinco oficinas en la República Dominicana para la expedición
de documentos a sus nacionales, medida que nunca asumió con
responsabilidad mientras hoy la emprende contra la nación dominicana.
Hablando ante decenas de diplomáticos del referido
bloque regional, Navarro sostuvo que la República Dominicana ha hecho
esfuerzos sobre humanos para resolver la actual situación de
irregularidad de los haitianos, "y hemos apelado permanentemente frente
al gobierno de Haití para que facilite la documentación de su gente,
pero no asumieron esa responsabilidad".
Expuso que en las actuales condiciones de
"acusaciones sin pruebas que mantiene el gobierno de Haití contra la
República Dominicana, lamentablemente no es posible retomar un diálogo
franco, abierto, sincero y respetuoso como el que habíamos avanzado a
través de las respectivas Comisiones Mixtas Bilaterales".
Frente a la denuncia "sin pruebas" del embajador
permanente de Haití ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Denis Regis, quien habló después de la exposición de la delegación
dominicana, en el sentido de que en la República Dominicana se violan
los derechos humanos, Navarro ratificó que la "realidad comprobada por
todos es que no es cierto, tampoco lo es cuando se habla de que existe
apatridia o desnacionalización".
Navarro señaló que la República Dominicana no
puede aceptar que el gobierno de Haití continúe con esa campaña de
descrédito internacional, y a la vez pide dialogar sobre el asunto.
Dijo que el gobierno dominicano ha apostado al
fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Haití en los últimos
años, fortaleció la Comisión Mixta Bilateral y auspició el diálogo
empresarial entre las dos naciones y, sin embargo, la actuación del
gobierno haitiano ha eliminado actualmente las condiciones para el
diálogo bilateral.
"Lo reiteramos aquí ante
ustedes señores embajadores de la Grulac, en la República Dominicana no
hay un solo caso de apatridia, y reafirmamos a la vez, que si se
presentara un caso debidamente documentado, el Estado dominicano cuenta
con los mecanismos y procedimientos para estudiarlo y resolver una
situación como esa", subrayó.
Agregó que como parte de la campaña de descrédito,
el embajador Regis acusó a la República Dominicana, ante los
embajadores de la ONU, de pretender provocar una supuesta crisis
humanitaria con un plan de repatriación masiva de extranjeros con
estatus irregular.
El Canciller dominicano explicó que la República
Dominicana ha experimentado un proceso ascendente de fortalecimiento de
su Estado de Derecho y de su estructura económica en los últimos 50
años, por lo cual hoy el país se encuentra entre los más estables de la
región, tanto política como económicamente.
"Hemos sido una sociedad con autocrítica, con
capacidad de asumir responsabilidades y reconocer nuestros errores
cuando ha sido necesario, lo cual nos ha permitido seguir avanzando en
el proceso de desarrollo", agregó.
Sostuvo que "por eso entendemos que las
autoridades haitianas deben asumir una actitud autocrítica y reconocer
la responsabilidades que tienen para con su población, dejando sus
acusaciones contra la República Dominicana".
Manifestó que miles de ciudadanos haitianos han
decidido abandonar el país de manera voluntaria, acogiéndose a las
facilidades ofrecidas por el gobierno dominicano, además de que esa
realidad les garantiza un posible retorno a la República Dominicana de
manera legal.
El funcionario encabeza una delegación dominicana
que integran, además, la viceministra Alejandra Liriano, encargada de
Política Exterior; Washington González, viceministro de Interior y
Policía; Josué Fiallo, asesor de Derechos Humanos de la Presidencia de
la República, y Miguel Medina, director de Comunicaciones del MIREX.
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