
El funcionario aseguró que los demás miembros de la JCE se pronunciarán sobre el particular luego de un análisis sobre el desenlace de los sucesos que involucran a la empresa española Indra Indra, encargada de suministrar los equipos y a la cual se le adeuda parte de los US$39.7 millones que costaron en total los escáneres.
“Las reacciones bajo ira o Ab irato que es lo que decía el antiguo Código de Procedimiento Civil no es lo más adecuado para una institución sobria, moderada y prudente como la Junta Central Electoral”, argumentó Castaños Guzmán, al acudir al Senado, donde asistió a la ceremonia de reconocimiento del empresario Pepín Corripio.
La Cámara de Cuentas recomendó a la JCE efectuar el pago de US$13.9 millones pendientes de pago e invalidó el informe técnico de la Dirección de Informática del órgano electoral.
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