SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras denunciar graves condiciones de hacinamiento e insalubridad que, según afirmó, vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La acción fue presentada luego de una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes constataron que 85 personas permanecían detenidas en un espacio destinado únicamente para detenciones temporales.
De los recluidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que 58 ya habían recibido medidas de coerción, pero seguían en el destacamento por retrasos en su traslado a los centros penitenciarios correspondientes.
La ONDP sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que prolonga indebidamente la permanencia de los detenidos en instalaciones que no reúnen condiciones para albergar internos por períodos prolongados.
Asimismo, advirtió que las condiciones observadas afectan derechos como la dignidad humana, la integridad física y moral, la salud, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por la República Dominicana.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el problema se ha agravado en distintos destacamentos de Santo Domingo Este y llamó a las autoridades a garantizar el traslado oportuno de quienes ya cuentan con medidas de coerción.
La primera audiencia del recurso fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo. Sin embargo, el tribunal aplazó el proceso tras incidentes presentados por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la Fiscalía de Santo Domingo y la Dirección Regional de la Policía Nacional.
El conocimiento del fondo del amparo fue fijado para el 10 de julio de 2026.
of-am
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