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República Dominicana es el único país, de los nueve de América Latina involucrados en el caso Odebrecht, que no firmó un término de compromiso con el Ministerio Público brasileño y lo hizo directamente con la constructora.
Esto “puede ayudar a explicar la ausencia de formalización con autoridades brasileñas, una vez que el país caribeño puede haber obtenido las pruebas directamente de la empresa”, revela un estudio de Transparencia Internacional.
“Gran corrupción” es el nombre con el que Transparencia Internacional identifica la investigación que revela datos inéditos sobre la trama que envuelve a nueve países de América Latina involucrados en el caso Odebrecht.
Según el documento, entre 2017 y 2018, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana enviaron un total de 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas. Las solicitudes de cooperación a Brasil en el marco de la Operación Lava Jato enviadas por el país fueron todas en el 2017 y pedían “obtención de cualquier informaciones que revelaran acciones ilegales; obtener acceso a acuerdo de lenidad firmado y declaración de diversos testigos y pedido de datos financieros”.
El acuerdo firmado por el país con Odebrecht fue homologado en abril de 2017.
De acuerdo con la delación de ejecutivos de Odebrecht, las operaciones ilícitas de la empresa en República Dominicana comenzaron durante el gobierno de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004, cuando el empresario Ángel Rondón fue contratado para conseguir “ventajas” dentro del gobierno dominicano, durante más de una década, y habría sido el intermediario en al menos dieciocho proyectos en el país.
Dentro de las construcciones destacadas por Transparencia Internacional en la que Odebrecht ganaba los proyectos y “pagaba propinas a Rondón del 3% del valor de las obras”, están “bajo sospecha” la construcción de los acueductos Hermanas Mirabal y Samaná, Hidroeléctrica Palomino, ambas incluidas en el expediente dominicano, y la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
Una de las declaraciones que presenta el documento de Transparencia Internacional, señala que el ex jefe del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quien era encargado de pagar los sobornos, realizó una transferencia en 2014 a República Dominicana con el objetivo de escapar de las investigaciones de la operación Lava Jato en Brasil.
También revela que se han destruido varias pruebas de los sistemas de pagos ilícitos (softwares Mywebday y Drousys), cuando el núcleo fue transferido fuera de Brasil.
Además de pruebas documentales, Transparencia Internacional adjuntó videos y nombres de delatores en el caso.
A pesar de que el 2 de noviembre de 2017, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió autorización del juez Francisco Ortega Polanco para interrogar en Brasil a más de 15 delatores del caso Odebrecht, pero como anticipo de pruebas la acción nunca se realizó, ya que el funcionario nunca viajó en esas condiciones a ese país.
El 7 de junio de 2018 la Procuraduría General de la República presentó formal acusación contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Antonio Vásquez, acusados de recibir sobornos de la Constructora Norberto Odebrecht.
Según revela el expediente dominicano, Odebrecht desembolsó 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para beneficiarse con obras.
El próximo 21 de junio el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, decidirá si existen méritos suficientes para enviar a juicio de fondo a los siete acusados de recibir sobornos para beneficiarse con obras del Estado.
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